vanguardia contratos feriaInvestigación de: Vanguardia Liberal

Autores: Unidad Investigativa del diario bumangués

Nombre de la investigación: "Sobrecostos en contratos de la Feria de Bucaramanga"

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2012


 



Al terminar la Feria Bonita de Bucaramanga, la unidad investigativa del diario Vanguardia Liberal comprobó que la resaca no solo fue una cosa de licor. Dos contratos efectuados desde la Alcaldía llamaron la atención de los investigadores por las características de los oferentes que resultaron favorecidos.

En primer lugar, una Fundación sin empleados ni sede logró adjudicarse un contrato de hospedaje por 43 millones de pesos. El periódico pudo establecer que la facultad para prestar este servicio fue añadida al objeto social de la entidad –que ocupa más de cinco páginas- 15 días antes de que se abriera la convocatoria. Además, la Representante Legal de la Fundación fue asesora de la Alcaldía hasta diciembre pasado.

Por otro lado, una persona logró ganarle a Gaseosas Hipinto el contrato para distribuir 23.500 bebidas, a pesar de cobrar 17 millones de pesos más que la reconocida empresa. El argumento de la Alcaldía frente a este hecho, es que Hipinto tiene gaseosas en presentación de 400 mililitros y no de 500 como lo exigía el contrato.

Consejo de Redacción destaca esta investigación de Vanguardia Liberal porque considera de gran importancia el trabajo de los periodistas en las regiones de Colombia que se lanzan a vigilar la contratación estatal, a trabajar con una agenda novedosa y a identificar los aspectos de interés público que están inexplorados en sucesos como una feria local.

 

icono-investigacionLea la investigación

 


elespectador siniestros congresoInvestigación de: El Espectador

Autor: Alexánder Marín Correa

Nombre de la investigación: "Siniestros en la Cámara"

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2012


 

¿Cuál es el representante a la cámara que más veces ha accidentado su carro?, ¿quién ha causado los daños más costosos en su vehículo?, ¿a qué parlamentarios les han robado cuatro celulares en los últimos años?

Estas y otras preguntas las pudo resolver Alexánder Marín, periodista de El Espectador y directivo de Consejo de Redacción, cuando recurrió a la técnica de análisis periodístico de datos con los documentos públicos de una licitación convocada por la Cámara de Representantes.

Se trata del proceso contractual para seleccionar las empresas aseguradoras que cubrirán accidentes de tránsito (SOAT), detrimentos causados por empleados, la responsabilidad civil y gastos de defensa, seguros contra todo riesgo para vehículos, bienes, muebles y equipos.

La publicación de El Espectador está basada en los datos históricos de reclamos hechos a las aseguradoras entre marzo de 2007 y agosto de este año.

icono-investigacionLea la investigación para conocer los representantes que ocupan los rangos más altos en el análisis hecho y las principales tendencias que encontró el periodista.

 
Consejo de Redacción
destaca este trabajo porque refleja la suspicacia del periodista, quien decide aplicar técnicas sencillas de análisis de datos a un documento público perteneciente a un proceso contractual, para sacar conclusiones que no son evidentes pero que sí son de interés público, pues contribuyen a la labor de fiscalizar la actuación del Congreso en todo sentido.


ginna ruta despojoInvestigación de: Ginna Morelo

Nombre de la investigación: "La ruta del despojo, disputa de la tierra a la luz de la restitución"

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 22 de abril de 2012

 


 

 

Muchas víctimas de la ineficiencia de la Ley de Justicia y Paz encontraron en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una esperanza para recuperar lo propio. Sin embargo, lo que algunos recibieron fue más persecución, amenazas y muerte.

La investigación “La ruta del despojo, disputa de la tierra a la luz de la restitución” pretende visibilizar la realidad que las víctimas del desplazamiento y el hurto de tierras en Córdoba siguen viviendo, a pesar de contar ahora con un marco legal que técnicamente los debería proteger.

A través de la recolección de varias historias, esta investigación logra demostrar las principales fallas a la hora de aplicar la Ley de Víctimas: los campesinos siguen siendo asesinados, sus tierras son devueltas en pésimas condiciones y, además, el estado les cobra impuestos por los años que estuvieron despojados. En la foto, Mario Cuitiva, reclamante de la margen izquierda de Montería, observa los predios a los cuales jamás ha podido retornar para vivir.

El trabajo de Ginna Morelo, editora de investigaciones del periódico El Meridiano de Córdoba, miembro de la junta directiva y expresidenta de Consejo de Redacción, contó con el auspicio del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y la Fundación Ford. Gracias a una beca para asistir al Curso Avanzado de Periodismo de Investigación (CAPI), que organizó IPYS en 2011, Ginna recibió asesoría de maestros como Gianina Segnini, Ricardo Uceda y Gerardo Reyes; de quien recuerda una frase en especial porque la ayudó a establecer los alcances de su trabajo, pensar con claridad y blindar sus acciones: “ninguna investigación periodística vale una vida”.

Consejo de Redacción destaca esta investigación porque supera todos los riesgos, prejuicios y dificultades de indagar un tema tan complejo, recorre muchas variables de una misma problemática y las sustenta con historias de víctimas, fotografías, videos, documentos probatorios, cifras y versiones oficiales.

icono-investigacionConozca la investigación

 

CdR habló con Ginna para conocer más de cerca cómo fue el desarrollo de esta investigación y las conclusiones a las que la llevó:

Consejo de Redacción: ¿Cómo surgió la idea de investigar este tema?
Ginna Morelo: Nací y crecí en una tierra hermosa, golpeada por unos fenómenos de violencia que marcaron algunas etapas de mi vida. Seguí muy de cerca a las víctimas del desplazamiento, a los migrantes forzados, por lo que desde muy temprana edad se me despertó el interés por estos temas. Me he propuesto cubrir el fenómeno de la violencia en Córdoba sin perder de vista el impacto social que causa. Desde la desmovilización del paramilitarismo me propuse reconstruir varios hechos desde la investigación periodística de carácter histórica (como resultado publiqué el libro Tierra de Sangre), así como develar muchos otros asuntos poniendo en práctica las técnicas y herramientas que, por suerte, le he podido aprender a los grandes en este oficio.

Por ello desde el 2011 propuse el trabajo para aplicar a una beca del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) y me la concedieron. Fui, atendí, estudié, investigué, y aquí están los primeros resultados: una investigación publicada en tres entregas en El Meridiano de Córdoba y en el blog rutadeldespojo.blogspot.com, que contiene de manera más amplia y sistemáticamente organizada todo el trabajo.

CdR: ¿Qué obstáculos se presentaron en la investigación?
GM: En el orden en que se presentaron:

  1. Convencer a mi jefe de que el tema es importante y sigue en agenda. Convencerlo, igualmente, de que estaba dispuesta a asumir los riesgos que ello implicara.
  2. Conseguir las historias porque, si bien inferimos que en un país como Colombia lo que hay son víctimas, no es menos cierto que se protegen por el temor que les produce reconstruir sus relatos. Yo llegué a ellas ingeniándome formas de acercarme a sus historias: colocando avisos en las oficinas de la Fiscalía, las Comisarías de Familia y la Defensoría del Pueblo, en los que les suministraba mis datos y un correo al que podían escribir. Ese primer contacto me permitía tantear qué tanto querían contar su historia, qué tanto podía llegarles, establecer conversación y convencerlas; pues mi trabajo pretendía mostrar historias con rostro y nombres reales.
  3. Sortear las amenazas que sobrevinieron en Valencia, Necoclí y Montería. En cada uno de estos lugares fui abordada de distintas maneras para que desistiera de la publicación. Lo más fuerte fue la intimidación en Montería. Acudí a varios programas del Estado, para colocar mis denuncias y fui atendida. No ha sucedido nada, afortunadamente y gracias a Dios. Hay intereses para que la voz de las víctimas se apague ante la de los verdaderos victimarios, pero somos más los periodistas interesados en no permitir que esto suceda.


CdR: ¿Cómo hacer para captar la atención de los lectores con este tema de víctimas a las que, a veces, el país se niega a seguir escuchando?

GM: Me decidí por el formato digital y esa fue una buena forma. Lo que está en el blog es un trabajo riguroso y juicioso, apoyado con varias herramientas que lo hacen visible, notorio, sensible y próximo. Ha sido una verdadera revelación para mí este ejercicio.

Lo otro que defiendo a pie juntillas, es que el valor agregado de un trabajo como este, realizado por una periodista que vive y sobrevive en la zona, aporta elementos de juicio valiosos y distintos.

Considerar que las historias de la violencia se han investigado todas es un completo error, por cuanto el periodismo que explica los fenómenos -en un país como el nuestro- se requiere día a día, dado que las dinámicas y los nombres de los actores cambian y mutan para despistarnos.

CdR: ¿Dónde está el error de la Ley de Víctimas?
GM: El Gobierno Nacional se empeñó en sacar adelante una iniciativa, como la Ley de Víctimas, necesaria para la restitución de tierras en Colombia, origen del conflicto en el país, sin embargo, las condiciones de seguridad no se compadecen de las exigencias de esa normativa, por tanto, solicitar restitución por parte de las víctimas significa, en muchos casos, asumir riesgos complejos. Ahora bien, la publicación, La Ruta del despojo, además de poner el dedo en la llaga sobre las dificultades en materia de seguridad, también abre los ojos sobre las disfuncionalidades en que incurrió la norma cuando dejó a muchas víctimas por fuera del sistema. Había que fijar una fecha y se escogió beneficiar a quienes sean víctimas desde 1991 en adelante; y quien lo perdió todo por culpa del conflicto al filo de esa fecha, ¿se queda con la frustración y el dolor?

La investigación plantea, también, la historia de los beneficiarios de una tierra como Las Catas (Ayapel-Córdoba).  Viven allí con una resolución provisional, porque todavía no tienen los títulos; y a su alrededor hay una suerte de intereses de finqueros que los presionan para que vendan. De hecho ya hay promesas de compraventa falsas. Todo ello se ha dado desde enero hasta esta parte, en medio de la vigencia de la ley de víctimas.

Los anteriores son apenas algunos de los elementos que muestra el trabajo.

CdR: ¿Hay algo que destacar de la Ley de Víctimas?
GM: Claro que sí.  Que el Gobierno Nacional asumió una misión que la Comunidad Internacional, desde hace muchos años, y en especial desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se desmovilizaron las estructuras paramilitares, venía solicitando: la reparación de las víctimas. De hecho se hizo una primera norma que fue la Ley de Justicia y Paz, que daba unos primeros pasos, pero lamentablemente el tiempo corre y los resultados son pobres dado que el aparato de la justicia es lento, la violencia no cesa en manos ahora de otros actores llamados las bandas criminales, y las migraciones forzadas por cuenta del conflicto aumentan, complicando la problemática de la restitución.

CdR: Después de terminar la investigación, ¿qué sensación le deja la Ley de Víctimas?
GM: Me queda una enorme sensación de frustración, reitero, por el escenario tan complejo en que se puso a navegar la ley. Lógicamente las circunstancias jamás van a estar dadas, y menos en un país donde todavía, a mi juicio, es impensable el postconflicto. Llegará, claro que sí, todos lo anhelamos y de seguro será así porque todo cambia, fluye, nada es estático y las cosas no siempre serán con tendencia a empeorar.

 

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