elpais colegios buenaventuraInvestigación de: El País

Nombre de la investigación: "Así fue el robo que amigos del exsenador Martínez hicieron a alumnos en Buenaventura"

Tipo de publicación: impresa y digital

Fecha de publicación: 9 de diciembre de 2012

 

La corrupción, además de los actos ilegales que involucra, suele indignar porque afecta directamente las necesidades básicas de los más pobres. Así lo confirmó el diario El País al indagar qué pasó con los $ 75.000 mensuales que el Ministerio de Educación le giraba a Buenaventura, en 2011, por cada niño que no alcanzara un cupo en los colegios públicos, para que se pudiera inscribir en uno privado.

La investigación encontró que de ese monto $ 55.000 se perdían en redes de corrupción relacionadas con políticos del PIN, familiares y amigos de Juan Carlos Martínez. Entre los mecanismos de desvío están:

  • Se subcontrataron colegios que habían resultado no aptos para la enseñanza, así como casas-colegio con aulas improvisadas en habitaciones y cocinas, donde los padres de familia daban las clases porque no había plata para pagar profesores.
  • A esas instituciones subcontratadas sólo se les pagaban $ 50.000 y, en ocasiones, hasta $ 20.000 por alumno.
  • En los contratos de ampliación de cobertura resultaron favorecidos la hermana de la Secretaria de Educación (prima del ex senador Martínez) y el hermano del entonces diputado del PIN Yíminson Figueroa, entre otros.
  • Varias entidades recibieron contratos para cupos que superaban hasta diez veces su capacidad. Entre ellos una fundación sin sede ni colegios, con antecedentes de malos manejos en educación pública en Antioquia.
  • Los estudiantes del programa de ampliación de cobertura terminaron hacinados en salones donde tenían clases con niños de otros cursos y no veían materias importantes como álgebra, química o física.


Este trabajo se une a los de varios medios que están usando la base de datos Zoom Online, que desarrolló Consejo de Redacción, como fuente de consulta para averiguar y confrontar información relacionada con sus investigaciones.

En este caso, El País rastreó a los representantes legales de los colegios que recibieron contratos en 2011 y encontró que el de la fundación antioqueña tiene una activa vida política en ese departamento. Además obtuvo varios datos sobre la vinculación al Sisbén de la mitad de los representantes -como si se tratara de personas de bajos recursos- y el registro mercantil de las instituciones educativas, según se observa en el documento que soporta la denuncia.

Consejo de Redacción destaca este trabajo porque ahonda en uno de los sectores más importantes para el desarrollo de una comunidad, pero también uno de los más golpeados por la corrupción. Así mismo, es de resaltar el análisis de datos que refuerza la investigación.

 

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